En las últimas semanas ha comenzado el 2º capítulo de la crisis económica en nuestro país. El 1ª capítulo comenzó el 11 de marzo con la aplicación de las retenciones móviles y el consecuente lock out de los empresarios del campo; teniendo su cierre con la anulación de la resolución 125. Del conjunto de relaciones económicas y sociales, la crisis estalló por la apropiación de la renta agraria producida por los obreros rurales a los distintos empresarios del campo (pools de siembra, medianos productores, grandes terratenientes, exportadoras de granos). La pelea por una parte de la renta agraria terminó dejando el esquema de retenciones tal como estaba el 11 de marzo. Es decir, el gobierno de los Kirchner tuvo que ceder, viéndose fuertemente debilitado y derrotado ante la viste de la población.
El vencedor fue el “campo”: un conjunto de dueños de la tierra y los medios de producción agrícola. Es decir, una parte de la clase dominante, una fracción de quienes poseen la propiedad de los medios que la sociedad necesita para reproducirse día a día. En la arena política, este triunfo de los patrones del campo se expresó como la ofensiva de la oposición de derecha al gobierno K. Pero al mismo tiempo le ha servido al gobierno para “excusarse” ante sus aliados más a su izquierda: desde Moyano (que ha comenzado a sentir la presión de las bases obreras ante la inflación creciente), hasta la base kirchnerista en los sectores medios que empieza a preguntarse si el gobierno K es realmente “nacional y popular” o al menos puede llegar a serlo. Esta semana, el “campo” volvió a la protesta contra el gobierno pasando directamente a la ofensiva. En lugar de resistir el quite de una parte de sus ganancias extraordinarias, el vocero populista de los pools de siembra, Alfedro de Angeli, salió a pedir una baja de las retenciones del 35% al 20%.
La alianza política K tiembla
Otro frente de batalla que ha comenzado a tomar forma es el de
Al capital financiero le sirve para aumentar el valor de los bonos argentinos en su poder, que casi la mitad del total está atado el índice inflacionario.
Ambas fracciones del capital –industrial y financiero-, hasta ayer beneficiarios del modelo económico K, hoy empiezan a tomar distancia y ha ejercer presión para hacerle algunos retoques al rumbo de la economía. De esta forma vemos temblar, por primera vez como expresión de la crisis, la principal alianza de gobierno: burguesía industrial-burocracia sindical-gobierno K.
Este quiebre con respecto a cómo continuar el rumo de la economía refleja las contradicciones que están haciendo eclosión en la crisis económica en Estados Unidos y los efectos cada vez más profundos sobre el conjunto de la economía mundial. Los insumos de importación para la producción local vienen aumentando y erosionando las mega-ganancias empresariales –que aún se mantienen en crecimiento-, pero que ya en el mes de Julio muestra una desaceleración en el crecimiento a un nivel anual del 6,5%, muy por debajo de las fantásticas tasas chinas del 8 o 9% en los mejores momentos del modelo K. Esto genera que sectores muy dependientes de insumos de importación comiencen a exigir con fuerza otro tipo de cambio monetario; devaluando el peso aún más con respecto al dólar de forma de hacerlo más competitivo.
Pero el gobierno también tiene otra presión, que viene de la mano de Barrionuevo y su nueva CGT disidente, 
significa que Barrionuevo este preocupado por el bolsillo de los trabajadores, ni que sea más combativo, sino que por medio de esta presión busca erosionar el ya debilitado poder de Cristina Kirchner y su alianza con Moyano. Una alianza fundamental del modelo K. Al igual que De Mendiguren en
El Estado… más presente que nunca
Entre el conflicto entre el gobierno y el campo, los empresarios agrarios se levantaron para defender sus extraordinarias ganancias frente a un Estado que pretendía apropiárselas para equilibrar el nivel de ganancias hacia otros sectores de la clase dominante.
Con esta protesta, la “derecha liberal” entonó todos los campos habidos y por haber contra la intervención del Estado en la economía. Como en la década del 90´, toda la fraseología liberal y el griterío sobre “las grandes oportunidades de negocios” salieron a la luz inundando los medios masivos de comunicación.
Sin embargo, toda esta cháchara contra la intervención estatal se evapora cuando en lugar de “intervenir en su contra”, el Estado interviene a su favor. Dos hechos son demostrativos de la intervención estatal a favor de los intereses de los capitalistas, ya sean los burgueses “nacionales y populares” o los financistas de Wall Street.
1º Intervención
La primera intervención fue la inyección de 1.000 millones de pesos el día lunes 11/8 para comprar bonos de la deuda del Estado argentino para contrarestar la caída de su valor durante la semana anterior, con bajas fuertes en los bonos de la deuda pública. Como titularon el conjunto de los diarios de la burguesía, Cristina hacía esto para “evitar un lunes negro”. Pero el lunes negro llegó, y las acciones cayeron más. Es que para estos sectores, el dato de la inflación del Indec del mes de Julio fue indeseable, sólo del 0,4%. El descontento con esta información oficial generó una venta por parte de accionistas de bonos argentinos, bajando aún más su valor. Aunque durante la semana recuperaron su valor, el día jueves Wall Street advirtió sobre el riesgo de default, lo que significaría que bajo el ritmo actual de la economía, Argentina ya no sería “solvente”, puesto que sin acciones no valdrían nada. Con estas advertencias, el capital financiero internacional le esta diciendo al gobierno que “sincere” el Indec, que libere las tarifas de la empresas extranjeras (petróleo, luz, gas, teléfonos, etc.). Es decir, que intervenga en la economía y no que simplemente “libere” el mercado. Una fracción del capital le está pidiendo a su propio Estado que represente de forma más fiel sus intereses. El gobierno intentó hacer eso el lunes 11/8 y no le fue muy bien, de ahí que se desplomen las acciones.
Esta intervención estatal, aunque insatisfactoria para el sector financiero, muestra que cuando es necesario el gobierno distribuye la riqueza producida socialmente, pero no hacia los trabajadores, sino para nivelar la tasa de ganancia hacia uno u otro lado de las distintas fracciones capitalistas.
Pero en una situación de crisis como la que esta en proceso, la administración que ejerce el Estado sobre la economía tiembla y entra en contradicciones cada vez más difíciles de resolver. En realidad es la dinámica económica la que exacerba sus contradicciones, mediatizándolas por medio del aparto estatal como su herramienta predilecta. Durante un período “normal” de acumulación de capital, esta herramienta es funcional al conjunto[1] de la clase dominante. Pero cuando la crisis comienza a emerger drásticamente, la herramienta y su funcionamiento empieza a ser objeto de disputa.
2ª Intervención
Otra intervención del Estado, silenciada por los medios de comunicación de la burguesía, es la brutal militarización de las fábrica de neumáticos Fate. En este caso el gobierno defiende el interés de una parte de la burguesía industrial, uno de los pilares del crecimiento económico K. Los más de 200 agentes de infantería que tomaron la planta fueron en respuesta a un paro decretado por los trabajadores exigiendo las re-incorporación de más de 150 despedidos de las 3 fábricas y un aumento salarial del 35%. Una verdadera “distribución” de represión del gobierno “nacional y popular” sobre los trabajadores en lucha. Este silenciamiento generalizado sobre la lucha obrera del neumático se debe a que es un ejemplo “maldito” para la burguesía: los obreros de zona norte se encuentran en el corazón del capitalismo nativo, epicentro del poder económico local. Fue sobre estas mismas fábricas que los obreros revolucionarios de la década del 70´ construyeron las grandes Coordinadores Interfabriles que pusieron en cuestión el sistema de explotación capitalista en nuestro país. El sólo recuerdo de esta situación tan lejana hoy es el que lleva al Estado a reprimir con dureza estas luchas obreras y las que se vislumbran venir.
Entonces, más allá de las antinomias formalistas de quienes o exaltan “el derecho del Estado a la intervención en el proceso económico”, como quienes atacan toda intervención estatal, podemos ver que su acción u omisión ejerce una función de mediación sobre las relaciones económicas: articula el proceso de acumulación general. Su función social, entonces, está dirigida a beneficiar el funcionamiento de “este” proceso económico, capitalista, basado en la propiedad privada de los medios de producción. El Estado interviene o no representando un interés de clase. A partir de determinar este interés podemos definir el sentido politico que expresa tal o cual intervención.
La intervención del Estado sobre los bonos es claramente a favor de los capitales financieros, demostrando que los más de 50.000 millones de dólares en reservas son para solventar los costos de la crisis económica en gestación. La otra intervención, la militarización de Fate y las fábricas del neumático busca asegurar los despidos de la patronal y darles confianza a los empresarios de que este gobierno va a defender con represión si es necesario las luchas que busquen romper el miserable techo salarial. Una respuesta muy poco “popular” para un gobierno que se dice defensor de los derechos humanos.
Por supuesto, este tipo de intervenciones son muy comunes y constituyen una de las razones fundamentales de la existencia del Estado. En la medida en que los capitalistas no pueden mantener estable y en orden la sociedad de la que son sus dueños, cuando su consenso para dominar de forma pacífica se quiebra, utilizan las fuerzas represivas hasta donde sea necesario. Bajo el actual gobierno “de los derechos humanos” ya hemos visto decenas de casos de represión directa sobre las luchas de los trabajadores y sectores populares. Desde la tremenda represión a los petroleros de las Heras, las militarización de las escuelas en Santa Cruz, el asesinato de Carlos Fuentealba, las continuas represiones en el Casino, la reciente a los obreros de Mafissa, a los desocupados en Plaza de Mayo en pleno conflicto con el campo, por nombrar sólo unos pocos ejemplos. Cuando la lucha de clases comienza a tensarse, se agudiza el costado represivo del Estado, y tiende a manifestarse sin ningún tipo de máscara “nacional y popular”.
Independencia política y estrategia de clase
La crisis iniciada en el 1º semestre del año abrió algunos debates centrales en la izquierda. El más importante y que generó una división dentro de sus filas fue el de qué posición había que tomar en el conflicto. Una podía ser apoyar al gobierno, otra apoyar al campo y otra ni a uno ni a otro, apoyando, en cambio, la lucha de los trabajadores. Es lo que muchos llamaron una “3ª posición”.
Esta 3ª posición se fundamenta en que una estrategia política socialista, de la clase trabajadora, no puede contener alianzas con ninguna fracción de la burguesía, sea esta industrial, financiera, agrícola… o “nacional”. Para construir de forma coherente un proyecto socialista, los trabajadores necesitamos mantenernos independientes de nuestros patrones. Pues precisamente, nuestros intereses (inmediatos, como el salario, pero también a largo plazo, como la lucha por el socialismo) son antagónicos, irreconciliables con los intereses de ellos, los dueños de la tierra y de las empresas. Una transformación profunda de la sociedad capitalista requiere que tanto la tierra y el conjunto de los medios de producción pasen a manos de quienes son sus trabajadores, los verdaderos productores de la sociedad.
Este traspaso del poder económico de una clase -la burguesa- a otra –la trabajadora- no es posible de realizar sino es por medio de una revolución social; es decir, por medio de la organización y movilización de los trabajadores de forma autónoma, en aposición a los patrones, la burocracia sindical y los políticos burgueses (PJ; UCR, Coalición Cívica, PRO).
Otro de los debates que se dio al interior de la izquierda, pero este ya dentro de quienes se reivindicaron independientes tanto de la patronal sojera como del gobierno nacional, fue si apoyar o no la aplicación de las retenciones móviles. Gran parte de la izquierda independiente se volcó a apoyarlas exigiendo su generalización hacia otras esferas de la actividad económica, levantando como programa político las banderas de la “distribución de la riqueza”. Bajo estas exigencias se deja delinear toda una concepción del Estado y por consiguiente un programa política y su forma de llevarlo a cabo.
Esta concepción del Estado lo concibe más que como representante de los intereses de la clase dominante, como la expresión de las contradicciones de la sociedad civil –incluyendo a todas sus clases. Con eso pretenden significar que el Estado es un “campo en disputa” entre las clases sociales que, según la correlación de fuerzas que estas hallan acumulado, será la política que desde el Estado se lleve adelante. Razonan de esta manera: “cuando más poder organizativo tiene el pueblo, más permeable y receptivo se hace el Estado a sus intereses”. Esto es cierto a la mitad, es decir, que es falso; puesto que en su función social específica el Estado es una organización creada y sostenida para asegurar la dominación de una clase sobre la otra; pero también para contener la lucha de los trabajadores es capaz de realizar concesiones.
Con esta idea del Estado como “lugar de disputa” se enlaza, como señalamos antes, un programa político y económico determinado, basado en el fortalecimiento de la intervención del Estado en el proceso económico, reformas sociales como estatización de empresas estratégicas, mejoras en educación y salud… es decir, reformas al sistema de explotación capitalista irrealizables desde esta estrategia de “llegar al Estado” para disputarlo desde adentro. Esta estrategia ya está mostrando su fracaso tanto en Venezuela donde Chávez lleva 10 años desarrollando un capitalismo pujante basado en la poderosa renta petrolera; como también en Bolivia que, por más apoyo de masas que tenga Evo Morales, no ha atentado ni un centímetro el capitalismo boliviano y ahora, en lugar de avanzar nacionalizando los recursos naturales y expropiando a la oligarquía la convoca al diálogo y la reconciliación.
La única manera de expropiar las palancas fundamentales de la economía, terminar con la pobreza, el hambre, la desocupación, la represión, la impunidad y la dominación imperialista no es por medio de algunos retoques al capitalismo sino por medio da una Revolución Socialista.
[1] El único sector que no creció en el período 2001-2007 fue el de la pesca, que bajo su producción un 58%. El resto de los sectores vieron incrementadas su producción alrededor del 50% en sólo 6 años, y sus ganancias arriba del 130%. Claudio Lozano. Los ganadores de la etapa de crecimiento y desigualdad: un análisis sectorial. Junio de 2008. Pág. 4.
